La nueva guía de IA para las Administraciones públicas en España y su alcance jurídico: Una valoración técnica y jurídica para trasladar sus recomendaciones a la contratación y al funcionamiento de los servicios públicos
José Manuel Muñoz Vela | Derecho Digital e IA
Ricardo Bonafont Tarín | Corporate & Compliance
La incorporación de inteligencia artificial a un servicio público exige justificar para qué se utiliza, cómo se controla y qué garantías conserva la ciudadanía. Esta es la cuestión que permite abordar la Guía para la adopción ética de la inteligencia artificial en las Administraciones públicas, cuya publicación anunció el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el 19 de noviembre de 2026, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. [1]
La guía, en su versión de noviembre de 2026, parte de cuatro principios, el primero de los cuales afirma que la IA no sustituye la decisión humana, y reúne orientaciones sobre el Reglamento europeo de IA, los roles de las Administraciones, la contratación y distintos usos públicos. Su aportación merece una valoración favorable como instrumento de trabajo. Para aplicarla con rigor, sus explicaciones deben integrarse con el Derecho administrativo, la protección de datos, la transparencia y la seguridad de los sistemas, y contrastarse con la reforma del Reglamento de IA aprobada en julio de 2026 y con la caducidad del proyecto de ley español al que se remite. [1–3]
Una orientación práctica cuyo alcance debe delimitarse
La guía tiene naturaleza orientativa. Por sí misma no crea obligaciones, habilita tratamientos de datos, autoriza decisiones administrativas ni modifica competencias. Tampoco seguir sus recomendaciones proporciona una certificación de cumplimiento o una exención de responsabilidad. Las obligaciones exigibles derivan de las normas aplicables a cada entidad, sistema y utilización.
Su utilidad consiste en facilitar una conversación que con frecuencia se inicia demasiado tarde: la que deben mantener el servicio promotor, contratación, asesoría jurídica, tecnología, seguridad y protección de datos antes de seleccionar una solución. Entre sus aciertos destacan la invitación a preguntarse primero si la IA es la mejor opción frente a una automatización convencional, la verificación previa de los datos y la previsión de los costes continuos, incluidos los de supervisión humana. [1]
Su principal limitación es de perímetro. El documento se construye casi exclusivamente sobre el Reglamento de IA. No menciona el RGPD, las Leyes 39/2015 y 40/2015, la Ley de Contratos del Sector Público, la legislación de transparencia ni el Esquema Nacional de Seguridad. Presenta, además, desajustes de actualización, pues se remite a un proyecto de ley caducado y conserva formulaciones anteriores a la reforma europea.
A nuestro juicio, consideramos que su principal aprovechamiento consiste en convertir cada recomendación relevante en una decisión documentada, un responsable identificable y una evidencia verificable. Una declaración institucional de uso ético adquiere eficacia cuando determina qué puede hacer el sistema, quién comprueba sus resultados y en qué circunstancias debe detenerse.
La clasificación del sistema exige examinar su función real
El análisis comienza por determinar si la solución encaja en la definición jurídica de sistema de IA y si su utilización está prohibida o sujeta a requisitos específicos. La clasificación depende de la finalidad prevista y de las condiciones de uso. La expresión comercial «asistente» o la presencia de una firma humana al final del procedimiento no resuelven esa cuestión. [2]
En este punto la guía requiere dos matizaciones. Omite la excepción del artículo 6.3 para determinados sistemas del anexo III, como los que realizan una tarea de procedimiento limitada o meramente preparatoria, que exige cumplir sus condiciones, documentar la evaluación y registrar el sistema; la elaboración de perfiles de personas físicas impide acogerse a ella. Y, en sus ejemplos finales, justifica la calificación de riesgo mínimo en que el sistema no adopta la decisión final, criterio que el Reglamento no utiliza: una herramienta que evalúa la admisibilidad a una prestación es, en principio, de alto riesgo aunque resuelva una persona. [1–2]
La reforma de julio de 2026 añade elementos que la guía recoge solo en parte. El artículo 5 incorpora dos prohibiciones, aplicables desde el 2 de diciembre de 2026: la generación de contenidos íntimos o sexualmente explícitos de personas sin su consentimiento y la de material de abuso sexual de menores; la guía menciona únicamente la segunda. El artículo 6 precisa, además, cuándo un sistema constituye un componente de seguridad, lo que aconseja matizar ejemplos como el del control de fugas de agua, y la Comisión mantiene todavía en proyecto, hasta donde nos consta, sus directrices de clasificación. [3,18]
También deben interpretarse cuidadosamente las exclusiones. El código abierto no supone una dispensa general y una prueba con ciudadanos no queda excluida por denominarse piloto. Cuando la guía afirma que las Administraciones que utilicen sistemas ajenos a la definición de IA «no tendrán ninguna obligación», debe entenderse referida al Reglamento de IA. Persisten las normas que regulan la actividad administrativa, los datos y la seguridad. A nuestro juicio, esta distinción debe figurar expresamente en los informes de viabilidad para evitar que una clasificación tecnológica se convierta en una conclusión global sobre legalidad. [1]
La Administración debe conocer qué papel asume
Una Administración puede utilizar una solución bajo su autoridad, actuar como proveedora o acumular ambos papeles. Encargar su desarrollo y ponerla en servicio bajo nombre o marca propios puede situarla en la posición de proveedor. La subcontratación técnica no elimina las obligaciones inherentes a ese papel. [2]
Conviene evitar automatismos, y algunos pasajes de la guía los propician. Comprar software no convierte necesariamente al comprador en proveedor; destinarlo a un uso distinto del previsto solo produce ese efecto, conforme al artículo 25.1, cuando el sistema resultante es de alto riesgo; y no toda configuración, ajuste o reentrenamiento constituye una modificación sustancial. Deben examinarse la finalidad, las modificaciones previstas inicialmente y su incidencia en la conformidad. [1–2]
La reforma ha reforzado, además, el artículo 25.2: el proveedor inicial debe cooperar con quien asume su posición y facilitarle documentación, información sobre limitaciones conocidas y acceso técnico, salvo que hubiera excluido claramente la transformación del sistema en uno de alto riesgo. Antes de reutilizar una herramienta para otra finalidad, como en el ejemplo municipal de la guía, debe comprobarse qué establecen la licencia y las instrucciones de uso. [1,3]
Nuestra recomendación es incorporar al expediente una matriz de responsabilidades que identifique a la Administración, al integrador y a los suministradores de modelos y componentes. Debe concretar quién entrega la documentación, valida las versiones, atiende incidentes y facilita acceso técnico. Utilizar un modelo de propósito general dentro de una aplicación tampoco equivale automáticamente a ser proveedor de ese modelo: hay que analizar separadamente el modelo, el sistema construido sobre él y su despliegue.
La supervisión humana debe tener capacidad efectiva de intervención
El primer principio de la guía debe armonizarse con la actuación administrativa automatizada prevista en el artículo 41 de la Ley 40/2015. Este precepto contempla actuaciones sin intervención directa de un empleado público y exige identificar previamente los órganos competentes para las funciones técnicas y de supervisión, así como el responsable a efectos de impugnación; en el ámbito estatal, el artículo 13 del Real Decreto 203/2021 requiere además una resolución publicada en la sede electrónica. La guía no establece, ni podría establecer, una prohibición legal general de automatizar. [1,4,14]
A su vez, el artículo 22 del RGPD limita las decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente de modo similar, con las excepciones y garantías que establece. El Tribunal de Justicia declaró en el asunto SCHUFA (C-634/21) que la generación de una puntuación puede constituir una decisión de esa naturaleza cuando quien resuelve se apoya en ella de manera determinante. La firma humana no excluye por sí sola la aplicación del precepto, ni una habilitación organizativa para automatizar dispensa de verificar sus condiciones. [6,16]
Recomendamos comprobar la supervisión en condiciones reales de trabajo. La persona encargada necesita acceso a los datos relevantes, tiempo para contrastar la propuesta, formación y autoridad para corregirla o rechazarla. Una validación sistemática sin examen sustantivo no acredita por sí sola una intervención humana efectiva. El diseño debe permitir que la discrepancia se registre y produzca consecuencias operativas.
La motivación exigida por el artículo 35 de la Ley 39/2015 continúa correspondiendo a la actuación administrativa. Una puntuación o una explicación generada por el propio modelo no demuestra por sí misma los hechos y fundamentos jurídicos de la resolución. El expediente debe permitir conocer y discutir las razones efectivamente utilizadas. El artículo 23 de la Ley 15/2022 orienta ya a las Administraciones, por otra parte, hacia la minimización de sesgos, la transparencia y la rendición de cuentas de sus algoritmos. [5,15]
Dos evaluaciones complementarias y una base jurídica suficiente
La evaluación de impacto en derechos fundamentales del artículo 27 del Reglamento de IA tiene un ámbito más delimitado que el que sugiere la guía, que la refiere a todo sistema de alto riesgo salvo las infraestructuras críticas. En lo que interesa a las Administraciones, alcanza al despliegue por organismos de Derecho público de sistemas de alto riesgo del artículo 6.2, con la excepción del punto 2 del anexo III, y no a cualquier producto del anexo I. Deben respetarse sus reglas temporales, de actualización y de notificación a la autoridad de vigilancia del mercado. [1–3]
La evaluación de impacto en protección de datos responde a los presupuestos del artículo 35 del RGPD. Puede resultar exigible aunque el sistema no sea de alto riesgo conforme al Reglamento de IA. Tras el Ómnibus, el artículo 27.4 permite incorporar a la evaluación de derechos fundamentales las partes pertinentes de aquella o remitirse a ellas mediante referencias cruzadas; ello facilita la coordinación documental sin confundir sus objetos. [3,6]
El registro también requiere planificación. En los supuestos del artículo 49.3, la autoridad pública responsable del despliegue debe registrarse, seleccionar el sistema y registrar su utilización en la base de datos europea antes de usarlo, y el artículo 26.8 le impide utilizar un sistema que no haya sido registrado. Ese régimen se refiere al anexo III y exceptúa su punto 2; deben atenderse asimismo los regímenes especiales de registro y acceso. [2]
La disponibilidad de datos tampoco autoriza su reutilización. Debe identificarse la base jurídica y, cuando existan categorías especiales, la condición adicional aplicable. La guía pregunta si se cuenta con el consentimiento necesario; en la actividad pública, sin embargo, el consentimiento no puede tratarse como fundamento predeterminado: deben examinarse, entre otras bases, la obligación legal y la misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, con su cobertura normativa. [1,6]
Sería deseable que el proyecto documente también qué datos se comunicarán al proveedor, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y bajo qué régimen de acceso. El uso para entrenamiento, mejora de modelos o analítica propia del prestador exige un examen específico. El contrato debe reflejar el resultado de ese análisis y permitir verificarlo técnicamente.
La transparencia tiene destinatarios y obligaciones diferentes
El artículo 50 distingue entre información sobre la interacción con IA, marcado técnico de contenidos y divulgación de determinados contenidos sintéticos. Los deberes se distribuyen entre proveedores y responsables del despliegue. Identificar correctamente a cada obligado evita trasladar al empleado público una obligación técnica que debe resolverse en el diseño del servicio. Las directrices de la Comisión y el código de buenas prácticas de 2026 ofrecen ya criterios de aplicación. [13]
En un asistente ciudadano debe atenderse al deber de informar de la interacción con IA, salvo las excepciones previstas, incluida la evidencia de esa circunstancia en su contexto. El marcado legible por máquina del artículo 50.2 es distinto del aviso visible e incumbe al proveedor. Para textos publicados sobre asuntos de interés público, el artículo 50.4 contempla la excepción cuando existe revisión humana o control editorial y una persona física o jurídica asume la responsabilidad editorial; el comunicado validado por el órgano competente que la guía pone como ejemplo describe, por ello, una buena práctica antes que una obligación. Una corrección meramente formal no equivale a ese control sustantivo. [1,13]
La guía propone también advertir de que el asistente no ofrece asesoramiento jurídico. El aviso es razonable, pero no neutraliza por sí solo los efectos de una información errónea ni desplaza el derecho a obtener información y orientación del artículo 53.1.f) de la Ley 39/2015. Tampoco puede convertirse el asistente en canal único, pues las personas físicas conservan el derecho a elegir el medio de relación (artículo 14 de la misma ley). Recomendamos que la información explique sus funciones, sus límites y la forma de obtener atención personal. [1,5]
Para decisiones individuales, el artículo 86, que la guía no menciona, reconoce bajo sus condiciones el derecho a obtener explicaciones sobre el papel de determinados sistemas de alto riesgo y los elementos principales de la decisión. Debe distinguirse de un simple aviso sobre el uso de IA y coordinarse con el acceso al expediente de la Ley 39/2015. [2,5]
La transparencia tiene, además, una dimensión general que la guía omite. La Ley 19/2013 ampara el acceso a la información sobre los sistemas que la Administración utiliza, y el Tribunal Supremo, en su sentencia 1119/2025, de 11 de septiembre (caso BOSCO), reconoció el acceso al código fuente de una aplicación pública tras ponderar los límites invocados. Normas autonómicas como el artículo 16.1.l) de la Ley valenciana 1/2022 imponen ya la publicidad activa de los sistemas algorítmicos. Recomendamos anticipar estas exigencias en el contrato, de modo que la confidencialidad del proveedor no impida a la Administración explicar cómo funciona el sistema que utiliza. [17]
La alfabetización debe adaptarse a la función y al contexto
Tras el Reglamento (UE) 2026/1744, el artículo 4 exige adoptar medidas para apoyar la promoción de la alfabetización del personal y de otras personas que operen sistemas por cuenta de proveedores o responsables del despliegue, y aclara que no impone garantizar un nivel específico de alfabetización de cada individuo. La guía conserva formulaciones más próximas a la redacción original y presenta la formación como única obligación legal en los sistemas de riesgo mínimo, afirmación válida solo dentro del Reglamento de IA. [1,3]
Ello aconseja organizar la formación por funciones: quien redacta pliegos necesita reconocer dependencias y obligaciones; quien tramita expedientes debe detectar resultados incorrectos; y quien supervisa necesita ensayar la intervención y la suspensión del sistema. Recomendamos conservar evidencias de las medidas adoptadas y de su adecuación al uso; un curso genérico aislado ofrece poca información sobre la preparación necesaria para una tarea concreta.
El calendario debe incorporarse a la planificación del proyecto
El Ómnibus de IA, publicado el 24 de julio de 2026 y en vigor desde el día 27, modificó el calendario de aplicación. Los siguientes hitos resultan especialmente relevantes, sin sustituir el examen de cada obligación y de su régimen transitorio; el calendario de la guía no recoge los dos previstos para el 2 de diciembre de 2026. [1,3,13]
| Fecha | Alcance relevante |
| 2 de agosto de 2026 | Aplicación general del artículo 50 sobre transparencia, con el transitorio específico indicado a continuación. |
| 2 de diciembre de 2026 | Aplicación de las nuevas prohibiciones del artículo 5.1, letras b bis) y b ter). Límite del artículo 111.4 para que los proveedores de sistemas generadores de contenido sintético introducidos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 cumplan el artículo 50.2. |
| 2 de diciembre de 2027 | Aplicación del capítulo III, secciones 1, 2 y 3, salvo el artículo 6.5, a los sistemas de alto riesgo del artículo 6.2 y del anexo III. |
| 2 de agosto de 2028 | Aplicación de esas secciones a los sistemas de alto riesgo del artículo 6.1 y del anexo I, con las particularidades sectoriales aplicables. |
| 2 de agosto de 2030 | Fecha límite especial del artículo 111.2 para los sistemas preexistentes destinados a autoridades públicas comprendidos en ese régimen. |
El horizonte de 2030 no permite posponer cualquier proyecto público hasta esa fecha. El régimen de sistemas preexistentes depende de su introducción en el mercado o puesta en servicio y de los cambios significativos posteriores en su diseño, y no suspende las obligaciones ya exigibles en materia administrativa, de protección de datos o de seguridad.
Los pliegos deben establecer cómo se comprobará el cumplimiento
La contratación es uno de los ámbitos más útiles de la guía, que no cita, sin embargo, la Ley de Contratos del Sector Público. Su lectura debe conectarse con la justificación de necesidad e idoneidad del artículo 28, con la consulta previa de soluciones reutilizables del artículo 157 de la Ley 40/2015 y con las reglas sobre prescripciones técnicas y criterios de adjudicación, respetando la igualdad de acceso y la proporcionalidad. Una exigencia presentada como ética necesita una formulación concreta, verificable y adecuada al contrato. [1,4,7]
El marcado CE requiere especial cuidado. La guía indica en varios pasajes que la Administración debe asegurarse de que el sistema adquirido dispone de él. El Reglamento de IA, sin embargo, solo lo prevé para los sistemas de alto riesgo y, respecto de los del anexo III, no será exigible por esta vía hasta el 2 de diciembre de 2027. Trasladar hoy esa indicación a un pliego como requisito general supondría exigir algo que el licitador no puede acreditar y restringiría la concurrencia. Cuando proceda, el marcado tampoco equivale siempre a una certificación por un tercero, ni acredita por sí solo la legalidad del procedimiento donde se utilizará el sistema. [1–3]
El artículo 16, por su parte, enumera obligaciones del proveedor: lo que permite a la Administración exigirlas y comprobarlas es el contrato. Las cláusulas modelo europeas para contratación de IA ofrecen un punto de partida, con versiones para alto riesgo y una versión adaptable para otros sistemas. La versión consultada es de marzo de 2025, anterior a la reforma, por lo que su incorporación requiere revisar el caso concreto y las modificaciones posteriores. No sustituyen el contrato completo ni resuelven automáticamente la responsabilidad, los datos, la propiedad intelectual o las condiciones económicas. [2,9]
Como propuesta de aplicación, consideramos conveniente concretar en los pliegos y contratos los siguientes extremos:
- Finalidades autorizadas, usos excluidos y reparto de funciones, con un procedimiento para aprobar cambios de finalidad, modelos, componentes o proveedores.
- Pruebas de aceptación sobre expedientes representativos, métricas de error y criterios para rechazar resultados, exigir correcciones o suspender el servicio.
- Documentación, registros y acceso técnico necesarios para supervisar, motivar las decisiones, atender reclamaciones y solicitudes de acceso a la información, y colaborar con autoridades, delimitando las garantías de confidencialidad.
- Tratamientos de datos, subencargados, transferencias, ubicación de servidores y requisitos de seguridad, conforme al artículo 122.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, con control sobre usos secundarios y conservación de información.
- Derechos sobre desarrollos y materiales, cuya cesión a la Administración prevé el artículo 308.1 de la misma ley para los contratos de servicios salvo que el pliego disponga otra cosa; continuidad, exportación de información, asistencia a la migración, costes de uso y de salida, y consecuencias del incumplimiento.
El acceso a documentación técnica debe diseñarse según el papel de la Administración y sus necesidades legales y operativas. No debe presumirse que cualquier compra atribuye acceso íntegro a los materiales internos del proveedor: los derechos necesarios para controlar el servicio han de quedar identificados y asegurados antes de contratar.
La calidad técnica debe acreditarse durante el uso
Las respuestas verosímiles pero falsas, la manipulación de instrucciones y los fallos de integración requieren pruebas específicas, como ilustra la guía con su ejemplo de texto oculto en una solicitud. El perfil de riesgos de IA generativa de NIST identifica estos riesgos y recomienda verificar fuentes, evaluar capacidades y revisar los riesgos después de adaptar modelos o incorporar recuperación documental. Es una referencia técnica voluntaria, sin sustituir el marco jurídico europeo. [1,10]
En un servicio que consulta expedientes, recomendamos probar la corrección de las respuestas, las citas a fuentes vigentes y los límites de acceso de cada usuario. La generación apoyada en documentos, conocida como RAG, necesita validación: incorporar fuentes oficiales no basta para asegurar que el sistema selecciona el documento correcto o interpreta bien su contenido. Cuando la aplicación incorpore agentes capaces de consultar, modificar o enviar información, proponemos limitar cada operación mediante permisos por usuario, expediente y finalidad, ensayar instrucciones maliciosas dentro de documentos y prever puntos de autorización y mecanismos de detención para las actuaciones con efectos relevantes.
El Esquema Nacional de Seguridad, que la guía no menciona, debe integrarse desde el diseño, incluidos los sistemas de proveedores comprendidos en su ámbito. Recomendamos contrastar el alcance de las declaraciones o certificaciones aportadas con la solución contratada y sus dependencias. La ubicación local o en la nube, por sí sola, no permite concluir cuál de las alternativas ofrece mayor seguridad, frente a lo que la guía sugiere. [1,8]
El régimen sancionador debe distinguirse de la responsabilidad por daños
La referencia de la guía a la ausencia de multas exige una precisión decisiva. El artículo 99.8 del Reglamento permite a los Estados miembros determinar si pueden imponerse multas administrativas a sus autoridades y organismos públicos y en qué medida. La previsión española que la guía cita figuraba en el artículo 39 del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que contemplaba declarar la infracción, apercibir y adoptar medidas correctoras, sin multa y sin perjuicio de la eventual responsabilidad disciplinaria, en línea con el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2018. [1–2,11]
Ese proyecto, sin embargo, ya no está en tramitación. La ficha parlamentaria de la iniciativa 121/000096 la sitúa como concluida por caducidad tras la disolución de las Cortes Generales, publicada el 6 de octubre de 2026. La guía, fechada en noviembre, sigue remitiéndose a él tanto para el régimen sancionador como para la designación de autoridades. A la fecha de este análisis no existe, por tanto, una exención legal de multas para las Administraciones, ni tampoco la ley que debe completar el régimen sancionador nacional: una y otro dependerán del texto que, en su caso, se apruebe en la nueva legislatura. [11–12]
La ausencia de multa, incluso si llegara a aprobarse, no equivale a ausencia de consecuencias. Subsisten el control judicial de los actos, el régimen propio de la protección de datos y la responsabilidad patrimonial de la Administración: un daño relacionado con el servicio puede dar lugar a indemnización si concurren los requisitos de los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015. Ni todo error de IA produce automáticamente responsabilidad, ni externalizar la tecnología la elimina. La eventual responsabilidad personal del empleado tampoco se identifica sin más con la de la entidad. [4]
Una gobernanza proporcionada que permita decidir y rendir cuentas
Nuestra propuesta es utilizar la guía para establecer un proceso interno proporcionado al riesgo y a los recursos de cada Administración. Antes del despliegue, ese proceso debería reunir la finalidad, la clasificación razonada, los responsables, las evaluaciones necesarias, los resultados de las pruebas y las condiciones de supervisión. Durante el uso, debería recoger incidentes, cambios y decisiones de continuidad o retirada.
Dos instrumentos sencillos facilitan ese proceso: un inventario de los sistemas de IA en uso, con su clasificación y su responsable, y la designación de una función coordinadora. El proyecto de ley caducado los preveía para el sector público estatal, y nada impide adoptarlos voluntariamente. Las guías prácticas de la AESIA y marcos de gestión como la norma ISO/IEC 42001 ayudan a ordenar el trabajo sin sustituir el análisis jurídico, y las entidades locales de menor tamaño necesitarán para ello la asistencia de las diputaciones. [11,18]
La trazabilidad debe permitir reconstruir qué sistema y versión intervinieron, qué información relevante se utilizó, qué actuaciones se ejecutaron y quién ejerció el control correspondiente. Su conservación debe ajustarse a la finalidad y a los plazos aplicables; acumular indiscriminadamente datos personales tampoco constituye una buena práctica.
La evaluación ética debe examinar también quién obtiene los beneficios y quién soporta los errores o las nuevas barreras de acceso. Recomendamos valorar expresamente los efectos sobre personas con discapacidad, dificultades digitales o situaciones de vulnerabilidad, incluso cuando la clasificación regulatoria no active las obligaciones de alto riesgo.
La guía aporta un lenguaje común para avanzar en esa dirección. Su aplicación alcanzará mayor valor cuando cada organismo pueda demostrar cómo ha trasladado las recomendaciones a su actividad. Para Adequa, una adopción responsable de IA se acredita mediante servicios que funcionan, decisiones que pueden justificarse y personas que conservan posibilidades reales de comprender, cuestionar y obtener reparación frente a la actuación administrativa.
Fuentes y referencias
Normativa y documentación consultadas para el análisis de 20 de noviembre de 2026. Las recomendaciones formuladas por Adequa se distinguen en el texto de las obligaciones legales.
Versión noviembre de 2026. En particular, pp. 3, 7, 9, 12, 14–15 y 17–45. Publicada bajo licencia CC BY 4.0.
Anuncio oficial de publicación de 19 de noviembre de 2026
[2] Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial
Arts. 2, 3, 5, 6, 14, 16, 25–27, 43, 48–50, 86, 99, 111 y 113. El texto original debe leerse con la reforma de la referencia 3.
[3] Reglamento (UE) 2026/1744 — Ómnibus digital sobre IA
De 8 de julio de 2026; publicado el 24 de julio y en vigor desde el 27 de julio. Art. 1, especialmente modificaciones de los arts. 4, 5, 6, 25, 27, 111 y 113 del Reglamento de IA.
[4] Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público
Arts. 32–36, 41 y 157. Responsabilidad patrimonial, actuación automatizada y reutilización de sistemas.
[5] Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
Arts. 14, 35, 53 y 88. Medio de relación, motivación, derechos del interesado y contenido de las resoluciones.
[6] Reglamento (UE) 2016/679 — Reglamento General de Protección de Datos
Arts. 5, 6, 9, 22, 28, 32 y 35–36; considerando 43 sobre consentimiento y desequilibrio entre las partes.
[7] Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
Arts. 28, 116, 122, 126, 132, 145, 202 y 308. Necesidad, preparación y condiciones de la contratación.
[8] Real Decreto 311/2022 — Esquema Nacional de Seguridad
Especialmente art. 2 y anexos. Ámbito, requisitos y acreditación de conformidad.
[9] Comisión Europea — Cláusulas modelo para contratación pública de IA
Public Buyers Community. Versión actualizada anunciada el 5 de marzo de 2025, con versiones completa, adaptable y comentario explicativo.
[10] NIST AI 600-1 — Generative Artificial Intelligence Profile
Riesgos de confabulación y seguridad; acciones MS-2.5-003 y MG-3.1-003, entre otras.
[11] Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA
BOCG, Congreso, serie A, núm. 97-1, de 12 de junio de 2026. Art. 39 y capítulo IV. Iniciativa caducada; se cita como antecedente.
[12] Congreso de los Diputados — Iniciativa 121/000096
Situación consultada el 20 de noviembre de 2026: concluida por caducidad. Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE de 6 de octubre).
[13] Comisión Europea — Obligaciones de transparencia del artículo 50
Preguntas y respuestas sobre sujetos obligados, revisión humana, responsabilidad editorial y régimen transitorio. Directrices sobre el artículo 50 y Código de buenas prácticas sobre transparencia de los contenidos generados por IA (2026).
Directrices de la Comisión sobre las obligaciones de transparencia
Art. 13. Actuación administrativa automatizada en el ámbito estatal.
[15] Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación
Art. 23. Inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados.
[16] Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Asunto C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring)
Sentencia de 7 de diciembre de 2023. Decisiones individuales automatizadas y artículo 22 del RGPD.
[17] Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Arts. 12–14. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, 1119/2025, de 11 de septiembre (rec. 7878/2024), caso BOSCO. Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, art. 16.1.l).
Publicado para consulta el 19 de mayo de 2026. Como recurso complementario, guías prácticas de la AESIA para el cumplimiento del Reglamento de IA (diciembre de 2025).
Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial