El próximo 28 de junio de 2025, será exigible la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, incluidos los digitales.
La Directiva debería haber sido transpuesta, conforme al artículo 31 de la misma, el 28 de junio de 2022.
La norma establece los requisitos de accesibilidad universal de los productos y servicios incluidos en su ámbito de aplicación, necesarios para optimizar su utilización previsible de manera autónoma por todas las personas y, en particular por las personas con discapacidad/diversidad funcional.
Ello incluye, con alguna excepción, equipos informáticos de consumo, sus sistemas operativos, terminales de autoservicio (por ejemplo de pago, cajeros o máquinas expendedoras), lectores electrónicos, servicios de comunicaciones electrónicas, servicios que proporcionan acceso a los servicios de comunicación audiovisual, servicios bancarios para consumidores, libros electrónicos y sus programas especializados, redes sociales y servicios de comercio electrónico, entre los que figuran los asociados a sistemas de inteligencia artificial.
La norma exige una orientación de estos productos y servicios a la diversidad y no a la globalidad, si bien, plantea cuestiones respecto de aquéllos destinados a profesionales y empresarios con diversidad funcional que podrían quedar fuera de su ámbito de aplicación.
